Dinamizar el empleo versus los derechos laborales es la discusión que por décadas se ha mantenido en el país, y que ha sido el limitante o la excusa para nuestro lento avance hacia políticas públicas adaptadas a la realidad que vivimos. Es ahora, en medio de una pandemia, donde vemos la necesidad de tomar acciones y preguntarnos: ¿son realmente opuestos? ¿es posible dinamizar el empleo manteniendo los derechos laborales? ¿podemos combinarlos?
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a pérdida de empleos que Ecuador y la región ha sufrido durante la pandemia es alta. Países como Colombia cerrarán el año con una tasa de desempleo del 17.3%, en Argentina será del 11%, y en Venezuela más del 50%, según la última actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó el 13 de octubre del 2020. El desempleo en Ecuador, en su pico más alto de mayo a junio de 2020, se ubicó en el 13.3%; a septiembre de 2020 se redujo al 6.6%. Por otro lado, el empleo adecuado, que estuvo en mayo-junio en el 16.7% se elevó al 32% y la tasa de subempleo pasó del 34% al 23.4%, de acuerdo a los datos publicados por el INEC. Estas son cifras duras y socialmente preocupantes, sobre todo cuando vemos que aún estamos lejos de las cifras prepandemia, las cuales ya nos demandaban acciones concretas.
Es aquí donde la discusión entre la adaptación laboral y garantía de derechos convergieron con un solo objetivo, el de dar las herramientas a los ecuatorianos que permitan salir de esta crisis juntos, como un solo país, con más y mejores oportunidades. Estas acciones inician con la implementación de la Ley de Apoyo Humanitario que brinda facilidades para llegar a acuerdos entre trabajadores y empleadores a fin de mantener las fuentes de trabajo. Desde el 22 de junio a la fecha esto nos ha permitido salvar 74,407 empleos a través de contratos con reducción de jornada y acuerdos de preservación de fuentes de trabajo; así como la creación de 244,487 nuevos empleos. En nuestro camino por generar las condiciones necesarias para preservar y promover más oportunidades de empleo revisamos la normativa secundaria que nos permita viabilizar rápidamente la vinculación de más personas al empleo formal.
Estas alternativas son una muestra clara que es posible dinamizar el mercado laboral sin que represente una regresión de derechos.
Aquí nace el contrato por giro de negocio que ha tenido excelentes resultados con más de 14,600 nuevos contratos registrados. Nuestro trabajo como ente rector de las políticas laborales es brindar el apoyo necesario para que el sector privado, principal generador de empleos, siga creciendo y con ello la economía de nuestro país. Hace pocos días hemos viabilizado a través de acuerdos ministeriales cuatro nuevas modalidades de contratación que se ajustan a cada sector: contrato joven y de formación, de emprendimiento, turístico y/o cultural, y productivo. Estas alternativas son una muestra clara que es posible dinamizar el mercado laboral sin que represente una regresión de derechos; por el contrario, permite a más personas —aquellas que ahora mismo se encuentran en la informalidad— accedan a mejores condiciones laborales, seguridad social, entre otras. El teletrabajo es otra de las herramientas que llegó para quedarse. El Ministerio de Trabajo lanzó el Acuerdo Ministerial 181 que regula esta modalidad de trabajo y mejora las condiciones de vida de los trabajadores. Este acuerdo asegura las horas de descanso y desconexión adecuadas para cuidar la salud de los trabajadores; también estipula la dotación de las herramientas básicas para el correcto desempeño de su trabajo. El teletrabajo es una alternativa ideal para que los trabajadores concilien el tiempo familiar y el trabajo, reduce gastos, ahorra tiempo, mejora la movilidad y la productividad. También genera un ambiente de trabajo inclusivo que garantiza el cumplimiento de derechos y obligaciones.
Estamos conscientes que todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr nuestra meta. Necesitamos generar más oportunidades para cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, necesitamos facilitar el camino para que los jóvenes profesionales accedan al mercado laboral y para que más ecuatorianos puedan salir de la informalidad. Para conseguir estos objetivos no basta con modificar la normativa, por lo que para desarrollar un Plan Nacional de Acción con visión a largo plazo que contenga propuestas de reformas que promuevan el empleo, permitan relaciones laborales justas y eliminen barreras a la formalización del empleo, el Ministerio de Trabajo inició en julio un diálogo nacional para el futuro del trabajo en Ecuador denominado Juntos por Trabajo.
Este proceso se lleva adelante con foros vivenciales y con expertos internacionales en el que ya hemos contado con la participación de más de 2,500 personas del mercado laboral que antes no fueron consideradas: desempleados, trabajadores informales, autónomos, trabajadores formales no sindicalizados, ciudadanos jóvenes, migrantes, mujeres, empresarios, empleadores no tradicionales, artesanos, miembros de la academia, la economía popular y solidaria, microempresarios; y juntos lograr nuestras metas laborales para el futuro del trabajo en Ecuador. La siguiente etapa continúa con grupos de trabajo para establecer mecanismos de protección de derechos, promoción del empleo y habilidades. Los resultados de estas reuniones se darán a conocer a finales de este año.
Es momento de dejar de lado las diferencias, de poner posiciones, sentarnos en una mesa de diálogo y llegar a consensos para dejar el camino hacia reformas estructurales que generen relaciones laborales justas que nos permitan preservar, promover y crear más oportunidades de empleo en nuestro país. Es hora de construir el futuro del trabajo entre todos los ecuatorianos
Andrés Isch
Ministro del Trabajo
“Somos la Institución rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, transparentes y democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y solidario para tender hacia la justicia social en igualdad de oportunidades”.
